“Puedo controlar lo que sea”

El viernes 1 de agosto, a las 19:45 horas aproximadamente, luego de concluida una marcha de protesta, que se desarrollara en las proximidades de la sede del Poder Legislativo, dos periodistas tuvieron la oportunidad de documentar el procedimiento de agentes policiales, cuando intentaron detener a dos jóvenes, en pleno centro de la Ciudad de Asunción.-

El incidente se produjo, luego de que ambos jóvenes fueran interceptados por los Policías, con el propósito de someterlos a “control”, y verificar sus documentos de identidad, sin motivo alguno.-

Parte del “procedimiento policial” que fue filmado y levantado a internet, y en el audio se escuchan las protestas de protagonistas y transeúntes, ante lo cual, uno de los Policías respondió “…yo puedo controlar lo que sea…”, y al final, agregó: “…voy a controlar siempre…”.-

Este, no es un hecho aislado. Por el contrario, se repite y reproduce constantemente a todo lo largo y ancho de nuestro país, en las calles, rutas y avenidas, afectando a peatones, conductores y pasajeros del transporte público, aunque pocas veces la prensa tiene la oportunidad de testimoniar estos procedimientos ilegales, que en muchos casos dejan como resultado, personas detenidas por el solo hecho de no portar sus documentos de identidad, o negarse a exhibirlos.-

La prepotencia y el abuso de poder son características que marcan la actuación policial, en la mayoría de los casos, pero ello no es culpa exclusiva de los Agentes. Estos son apenas subalternos sometidos a un régimen disciplinario que no admite discrepancias, debido al carácter no deliberante de la Institución.-

La culpa la comparten los superiores jerárquicos, los responsables políticos de la seguridad interna de la Nación, Jueces y Fiscales. Todos ellos contribuyen a distorsionar la labor policial, cuya finalidad real es “velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos”. Los primeros alientan prácticas violatorias de las leyes, y los segundos se limitan a tolerarlas.-

La falta absoluta de criterios en los mandos superiores de la Policía Nacional, respecto al manejo de la Institución, a la finalidad que debe perseguir, a las funciones y atribuciones que la ley le confiere se refleja claramente en hechos como el relatado, y en muchos otros.-

El segundo párrafo del artículo 175 de la Constitución Nacional señala claramente que la Policía Nacional “…tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos…”, y la Ley Orgánica de la Institución (Ley Nº 222/93), reglamenta sus facultades, atribuciones y deberes, para el cumplimiento de sus objetivos.-

El “control callejero” al que someten cotidianamente a los ciudadanos, sin motivo alguno, sin sospecha fundada, ni razón suficiente, no se encuentra autorizado por la ley, ni corresponde al cumplimiento de su misión constitucional.-

La justificación de que dichos “controles” forman parte de una labor preventiva, es una excusa, un pretexto, una mentira. Su finalidad es desarrollar una función represiva, con el propósito de dar cumplimiento a las miles de órdenes de captura impartidas por Jueces y Fiscales.-

Mediante el control de los documentos de identidad, lo único que la Policía verifica es si el ciudadano cuenta o no con una orden de captura. No sirve para otra cosa.-

No hay otro procedimiento de control que la Policía este autorizada a realizar, que no sea la “inspección” o “requisa personal”, de conformidad al Art. 178 del Código Procesal Penal, “…siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adherida externamente a su cuerpo objetos relacionados con un hecho punible…”

Fuera de esta hipótesis, todo procedimiento policial, es ilegal, arbitrario y viola nuestros derechos ciudadanos, pero lamentablemente son realizados por “orden superior” y cuentan con la mirada cómplice de Jueces y Fiscales, que no tienen el coraje necesario para poner freno a estos abusos.-

Mientras el Poder Legislativo no dicte leyes que nos protejan del abuso de poder policial, y el Defensor del Pueblo no comprenda que por mandato de la Constitución Nacional tiene como función “…la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios…”, los agentes de la Policía Nacional podrán seguir amedrentando, sometiendo a la sociedad con sus abusos, y tendrán razón cuando digan: “Puedo controlar lo que sea”.-

Jorge Rubén Vasconsellos